La última reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha despertado mucho interés en España por las expectativas creadas por el Gobierno. La voluntad del presidente Sánchez y el ministro Albares era aprovechar la ocasión para proyectar a nuestro país como el primero de los grandes europeos que se posiciona con claridad, desde el comienzo de la guerra de Gaza, a favor del ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU. 

La iniciativa es coherente con la línea adoptada desde Moncloa. Sánchez y Albares entienden que el reconocimiento del Estado palestino es un paso necesario en el proceso que tiene que llevar, en su última parada, a la prosperidad del pueblo palestino y la seguridad del pueblo judío.

Pero ni Sánchez ni Albares eran ajenos, al mismo tiempo, a las altas probabilidades de que la solicitud fracasase en el Consejo de Seguridad, donde necesitaba para salir adelante al menos nueve votos a favor y ninguno en contra de los cinco miembros permanentes. Y esto era casi imposible cuando, entre los cinco permanentes, se encuentra el principal aliado de Israel: Estados Unidos.

Washington siempre fue muy claro al respecto, tanto con demócratas como con republicanas en la Casa Blanca. Condiciona su voto favorable a un acuerdo previo con Israel, al margen de cualquier negociación con las Naciones Unidas, y es evidente que el Gobierno israelí de Netanyahu, radicalmente opuesto a la iniciativa, ni siquiera tiene interés por abrir conversaciones en estos momentos. Así que la primera conclusión es clara. El esfuerzo propalestino de España ha chocado con la realidad de la geopolítica en la ONU.

Nada de esto desmoralizará a un Gobierno que ha proclamado, en repetidas ocasiones, su voluntad de apoyar el ingreso de Palestina como miembro oficial de la ONU y de reconocer oficialmente el Estado palestino al margen de las consideraciones de nuestros principales aliados en Norteamérica y Europa.

De confirmarse, el movimiento sería simbólicamente histórico y atendería la voluntad popular manifestada en el Congreso de los Diputados en 2014, cuando la amplia mayoría de los diputados apoyó el reconocimiento del Estado palestino. Pero Sánchez sabe que la iniciativa carecerá de impacto internacional si no arrastra a nadie más en la aventura. Por eso trata de persuadir a algunos europeos, como Noruega, Eslovenia o Irlanda, de que la declaración "no puede esperar", con el argumento de que es necesaria para promocionar la paz en la región. 

No cabe duda de que la solución de los dos Estados habrá de abrirse en algún momento de nuevo. Es la mejor fórmula conocida para constituir una Palestina viable y una Israel segura. Las dos partes tendrán que encontrar la ocasión más apropiada para discutir cuestiones tan sensibles como el estatus de Jerusalén, el regreso de los refugiados palestinos o el establecimiento de las fronteras. Pero las condiciones para la negociación habrán de ser menos adversas que las actuales, con Israel y Hamás en guerra, una Autoridad Palestina debilitada y la amenaza de Irán de fondo.

Es loable la posición de España para buscar la paz en el conflicto más desestabilizador y sangriento de Oriente Próximo. Pero el veto de Estados Unidos en la ONU anticipa que la decisión de Madrid alterará poco o nada los acontecimientos, e invita al Gobierno a una reflexión profunda. La posición española será más fuerte si consigue una declaración conjunta de todos los miembros de la Unión Europea a favor del Estado palestino, y si viene acompañada del reconocimiento de Israel por parte de todos los países árabes.

La misión no es sencilla y exige un calendario más flexible que el marcado desde Moncloa, pero cualquier esfuerzo en esta dirección es ensalzable.