El TSJM anuló parcialmente la resolución por la cual la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) fue designada como el órgano sustantivo que debía decidir sobre la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación norte del recinto.

A juicio del Tribunal, fue incorrecto designar a la APV para que decidiera sobre si era o no necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental. La existente data de 2007, y tanto el Puerto de Valencia como Puertos del Estado consideran que sigue siendo válida porque las modificaciones introducidas en el proyecto de ampliación afectan solo a las aguas interiores. El dique de abrigo lleva construido desde 2012. Costó 203 millones de euros.

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Esta decisión judicial, sin embargo, para la Comissió Ciutat-Port -organización que aglutina la oposición al proyecto- implicaba "retrasar" el proceso de licitación de las obras de la terminal de contenedores, al entender que es Puertos del Estado quien debe pronunciarse.

Pero la coincidencia de criterio entre Puertos del Estado y la APV, unido a que la segunda forma parte de la primera entidad, agilizará el ajuste administrativo para sustituir con agilidad el órgano sustantivo, según trasladan a este periódico las fuentes consultadas. De ahí que el retraso deba de ser mínimo y la adjudicación se pueda producir este mismo verano.

Sin decirlo de forma explícita, la escueta respuesta de la APV a la noticia de la sentencia ya deslizaba que no se producirá un gran retraso. "No consta en esta Autoridad Portuaria ninguna resolución judicial que paralice ningún trámite en marcha sobre la nueva terminal", explicaron.

La sentencia

La sentencia, revelada por eldiario.es, estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por Per L'Horta -miembro de la mencionada Comissió Ciutat-Port- contra la resolución del 30 de marzo de 2021 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se sustituyó a Puertos del Estado por la APV como órgano sustantivo competente para decidir sobre la validez de la DIA de 2007. La resolución puede ser recurrida en casación ante el Supremo.

En concreto, el TSJM concluye que la Dirección General, al trasladar a la APV el carácter de órgano sustantivo, recurrió a un procedimiento de rectificación de errores para "eludir tanto los procedimientos aplicables en materia de sustitución de titularidad de órganos administrativos como, especialmente, las consecuencias que, en materia de inicio de procedimiento de fondo, conlleva el transcurso de 14 años sin que nada haya acordado en tal respecto". Se trata de una estimación parcial del recurso porque solo se anula la sustitución del órgano consultivo.

Para la Comissió Ciutat-Port, esta sentencia implica que el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros y que está en licitación "está incompleto" y "no es válido". "No sabemos si se paralizará por completo en este momento, pero evidentemente Puertos del Estado se debe pronunciar", expusieron.

"Notas informativas"

Agregaron al respecto que, aunque Puertos del Estado haya expresado su posición a favor del proyecto y la validez de la DIA en "notas informativas", "no hay ningún acto administrativo regulado y válido que diga que avala la DIA de 2007".

Por ello, instaron al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que "reconsidere" si las "prisas" con las que se ha aprobado el proyecto están "justificadas". Le emplazaron a que haga "una reflexión serena". Y a la titular del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le solicitaron que "pida disculpas por un procedimiento que se ha visto que no era el adecuado".

Como medida de presión, la Comissió Ciutat-Port ha convocado a la ciudadanía a manifestarse el 31 de mayo para "exigir que el puerto y todos los del Estado estén al servicio del interés general y no de las empresas, que continúan especulando con nuestro territorio". La marcha saldrá a las 18.30 horas de la Alameda y se celebrarán charlas informativas previas a la protesta.